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DECLARACIÓN DE CÓRDOBA

AGENDAS LOCALES DE GÉNERO: CONSTRUYENDO MODELOS PARA LA IGUALDAD

Las mujeres y hombres municipalistas, en el marco de la Cumbre Iberoamericana Agendas Locales de Género: Construyendo modelos para la igualdad, celebrada en Córdoba, Argentina, los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2011

CONSIDERANDO:
1. Que según el Índice de Equidad de Género (IEG) (Social Watch: 2007), y aún cuando se registran avances y la situación ha mejorado en la última década, en ningún país las mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que los varones. La erradicación de la pobreza aun no incorpora la dimensión de género, y la feminización de la pobreza es crónica y se estima que afecta a 840 millones de mujeres en todo el mundo.

2. Que la discriminación y la pobreza femenina vulnera el libre acceso y ejercicio de sus derechos humanos, económicos, políticos, sociales y civiles, y sus derechos sexuales y reproductivos. Asimismo esto se agrava en las mujeres que sufren múltiple discriminación según su raza, etnia, cultura, clase, orientación sexual y edad.

3. Que la salud y la educación siguen siendo derechos limitados que excluyen a millones de mujeres, en tanto el acceso a las mismas tiende a reproducir los roles estereotipados de género relacionados a su papel reproductor y maternal, repercutiendo negativamente en su posición social y vital.

4. Que si bien se ha registrado un gradual incremento de la inserción femenina en el mercado laboral, las mujeres sufren una grave discriminación respecto a los derechos laborales. La segregación laboral según el sexo determina discriminaciones salariales, jornadas laborales extendidas, mayores tasas de desempleo, sobre-representación en la economía informal, inestabilidad, inseguridad y precariedad laboral.

5. Que el trabajo realizado por la mayoría de las mujeres al interior del ámbito privado es invisibilizado no contabilizado y socialmente no reconocido, reafirmado así el no reconocimiento de su contribución a los valores de producción económica nacional. Junto a ello, la responsabilidad casi exclusiva por parte de las mujeres sobre las labores domésticas condiciona su inserción laboral y provoca así el ejercicio de dobles o triples jornadas de trabajo.

6. Que en consecuencia de lo señalado, los patrones culturales patriarcales han determinado la división sexual del trabajo, extendiendo entre las mujeres el rol destinado a la reproducción, el cuidado y la protección de las personas dependientes, lo que ha definido el confinamiento de éstas al ámbito doméstico, y en consecuencia, su exclusión del ámbito público.

7. Que la participación ciudadana de las mujeres es mayoritariamente en el voluntariado social con escasa participación en los espacios de poder y toma de decisiones. La sub-representación femenina en los espacios políticos resta el aporte que las mujeres y también el que podrían hacer para una comprensión de las problemáticas y definición de las políticas públicas que visibilice a las necesidades específicas de las mujeres.

8. Que la violencia de género contra las mujeres, jóvenes y niñas es la agresión y violación de derechos más generalizada, que se expresa tanto al ámbito privado, como el público y el político. Socialmente, la violencia de género es la más tolerada y ejercida con persistente impunidad legal. Según el PNUD (2005), la violencia de género mata y discapacita a tantas mujeres como el cáncer.

9. Que las políticas de género no están atendiendo a los procesos de socialización masculina, a través de la cual se generan impactos en el ejercicio de la sexualidad, la paternidad y posiblemente en el propio ejercicio de la violencia, determinando necesidades y desigualdades que afectan a los hombres de manera particular.

10. Que las mujeres siguen siendo más vulnerables que los hombres al impacto de los desastres desencadenados por amenazas naturales, tales como inundaciones, sequías, tormentas tropicales y terremotos, debido a las desventajas socioeconómicas, políticas y culturales existentes. Las cuestiones de género continúan siendo un tema marginado en las políticas para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático y en particular las violencias que estas situaciones generan que afectan mayoritariamente a las mujeres y niñas.

11. Que aún cuando los movimientos y organizaciones de mujeres, locales y nacionales, han contribuido decisivamente a la apertura de espacios institucionales en las agendas de los gobiernos, las reivindicaciones y logros conquistados por las feministas aun no son suficientes para alcanzar la justicia social y la equidad de género. También por ello se hace necesario involucrar a los hombres democráticos en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, el fortalecimiento de la cohesión social y la gobernabilidad democrática.

12. Que si bien las recomendaciones emanadas de las conferencias mundiales de las mujeres y sus plataformas, así como los Objetivos del Milenio, han contribuido a comprometer a los Estados y en importantes avances para el desarrollo, empoderamiento de las mujeres y avances en la conciencia social, aun no se traducen en un compromiso efectivo ni prioritario de los Estados parte, persistiendo que se releguen las políticas de género y sea difícil incorporarlas en sus agendas y presupuestos.

13. Que los procesos de descentralización y las reformas municipales han transferido nuevas competencias a los gobiernos locales, impulsando un renovado municipalismo en América Latina y el Caribe en donde existen aproximadamente 16.400 municipios, representando una amplia heterogeneidad y rica diversidad, donde el 77,8% de la población habita en ciudades, también existiendo numerosas localidades rurales y comunidades indígenas.

LA CUMBRE IBEROAMERICANA SOBRE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO: CONSTRUYENDO MODELOS PARA LA IGUALDAD RESUELVE:

ADOPTAR
la presente Declaración, fruto de reflexiones y el sentir general de mujeres y hombres municipalistas convocados en el marco de esta Cumbre.

INVITAR a los y las Municipalistas, a las Asociaciones Nacionales, Regionales e Internacionales de municipios y ciudades, asociaciones y redes de mujeres autoridades locales, redes de mujeres feministas, así como redes de hombres comprometidos con la igualdad, a los mecanismos de género, instancias estatales de para las mujeres y Gobiernos Locales Iberoamericanos, a adherirse a la presente Declaración, y a promover acciones concretas tendentes a hacer efectivos los principios, valores y postulados contenidos en la misma.

LA CIUDAD INCLUSIVA: LA NECESIDAD DE REPENSAR LAS CIUDADES Y LOS MUNICIPIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

PRIMERO: Proteger y garantizar los derechos de mujeres y hombres
El reconocimiento y respeto a la diversidad, la equidad, la justicia y la igualdad de derechos para todos y todas, son los principios sobre los cuales las agendas de los gobiernos y las políticas públicas deben ser concebidas.
En este contexto, los gobiernos locales constituyen un eslabón central para la protección y defensa de los derechos humanos, cívicos-políticos, laborales, de la ciudadanía y en particular de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, constituyendo éstos decisivos para una ciudadanía plena de las mujeres. El derecho a decidir sobre los propios cuerpos, como parte de una política activa en contra de la violencia, alertadas por elevados índices de violaciones, maternidad precoz y no deseadas, mortalidad materna como consecuencia de abortos clandestinos, etc. Persistir con la negación de estas realidades sólo agrava y perjudica la vida de las personas, especialmente de miles de mujeres jóvenes.
Resulta clave entonces que Estados y gobiernos locales generen y arbitren los mecanismos para que se implementen políticas públicas ampliando competencias municipales que coadyuven a amparar los derechos de las mujeres y la justicia social. Competencias que deberían ir acompañadas de las transferencias y normas legales de respaldo, avalados por compromisos efectivos de la gestión local en la defensa de los derechos de mujeres y hombres y la igualdad de género, amparándose en los consensos internacionales suscriptos por los Estados.

SEGUNDO: Planificar los territorios y el acceso a bienes y servicios públicos desde la perspectiva de género
La planificación urbana y territorial de las ciudades debe considerar la acción de medidas positivas que aseguren equiparar el acceso a los bienes y servicios públicos al conjunto de la sociedad, en una acción de equitativa distribución de los recursos asociados al territorio, que fomenten la participación ciudadana buscando dar cuenta de los múltiples sistemas de exclusión naturalizados en la sociedad e implícitos en el mismo.
Resulta insoslayable repensar las ciudades desde una perspectiva de género, sensible a las necesidades de mujeres y hombres, apartando la interpretación androcentrista del desarrollo que ha contribuido históricamente a la invisibilidad de las necesidades específicas de las mujeres. La ciudad inclusiva desde la perspectiva de género es aquella donde es posible realizar múltiples tareas en el menor tiempo: ciudades próximas, con usos mixtos, espacios de relación y equipamientos en relación a las viviendas, recorridos peatonales útiles que permitan entretejer la complejidad de la vida cotidiana. Entendemos que "favorecer la equidad" en la planificación es poner en valor las tareas del mundo reproductivo hasta ahora invisibilizadas.
Asimismo, si bien América Latina es un continente urbano, con más del 80% de la población viviendo en ciudades (CEPAL 2009), es necesario considerar a las mujeres rurales , las cuales si bien no son importantes cuantitativamente, representan una fuerza a proteger y preservar por identidad y por impacto. La creciente urbanización de la región de América Latina, debe buscar
equilibrios que incorporen políticas de arraigo y de regreso que impliquen un uso sustentable del territorio, un desarrollo inclusivo para los hombres y las mujeres, tanto del campo como de la ciudad.
Por tanto, la planificación urbana y territorial de las ciudades, así como el acceso a los bienes y servicios públicos, deben ser necesariamente considerados en relación a las distintas experiencias de vida que transitan las mujeres y los hombres, en tanto diferentes con respecto al entorno y que expresa diferentes necesidades e intereses, de tal modo que la toma de decisiones y el diseño de las políticas territoriales y los servicios públicos estén orientados a favorecer la equidad e igualdad.

TERCERO: Enfocar la Reducción del Riesgo de Desastres desde una perspectiva de género
La igualdad de género es un tema fundamental que debe integrarse y abordarse a través del proceso de desarrollo, tomando en cuenta la necesidad de reducir el riesgo de desastres y tomar medidas para adaptarse al cambio climático.
Tomando como guía el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 para proteger de mejor forma nuestras sociedades y economías contra las amenazas actuales y futuras, hombres y mujeres deben participar por igual en los procesos relativos a la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y la toma de decisiones a nivel local, para así reducir las vulnerabilidades enfrentadas por la mujer, fomentar su participación en los procesos de decisión y contribuir a la igualdad de género. En particular dada la experiencia del aumento de la violencia en estas situaciones críticas la cual se expresa en particular sobre las mujeres y niñas.
Es de vital importancia que los gobiernos locales promuevan campañas de sensibilización pública y programas de educación y capacitación en este sentido, poniendo en práctica las políticas y los lineamientos de UNISDR, la UICN y el PNUD para la integración de una perspectiva género en la reducción del riesgo de desastres.

CUARTO: Luchar contra toda forma de violencia de género
Podemos reconocer a la violencia como el grado más alto de la discriminación y la desigualdad por eso llamamos a mujeres y varones a participar en la inmediata puesta en marcha de medidas para erradicar toda forma de violencias físicas, sexuales, económicas, ecológicas, verbales y psicológicas; como lo enuncian las cartas y convenios internacionales sobre la temática para garantizar la universalidad de los derechos.
El flagelo de la violencia que, según PNUD, sufre una de cada tres mujeres, demanda acciones públicas y sociales inmediatas, tanto reactivas como proactivas.
Por un lado, la violencia doméstica debe traspasar la frontera del ámbito privado y debe ser asumida por gobiernos y sociedad como un asunto de carácter público, o como lo dice la OPS como cuestión de salud publica. En este caso, actores locales, tanto políticos como sociales, deben propiciar estrategias preventivas de sensibilización, espacios y servicios de atención a las personas maltratadas, así como mecanismos garantes de la justicia.
Por otro lado, la violencia crece y se diversifica, se expresa tanto en el ámbito público como privado. Es en el espacio público en donde las mujeres se ven confrontadas a situaciones de mayor vulnerabilidad al experimentar el temor y la inseguridad ciudadana. Se temen las agresiones, acoso sexual y violación, por el solo hecho de ser mujeres. Por ello en el espacio local la planificación urbana, el trazado de las ciudades, las calles, las plazas, así como los servicios de movilidad y la proximidad de los sistemas de seguridad, son determinantes para la prevención del delito. Las políticas de seguridad ciudadana deben desarrollar acciones que fortalezcan los enfoques de prevención y protección, incorporando la violencia de género como parte inherente a las mismas. Esto implica también comprometerse a generar la información necesaria, sistemática y continua que permita evaluar avances para su erradicación. Así como la capacitación a funcionarios, policías municipales, para asegurar que
la violencia de genero sea incorporada a las políticas de seguridad ciudadana. Fomentar la adopción de protocolos de violencia de género y de violencia hacia las mujeres en los espacios públicos así como en el ámbito privado.

UN PACTO LOCAL POR LA EQUIDAD DE GÉNERO:

QUINTO: Abanderar juntos, mujeres y hombres, la lucha por la equidad e igualdad de género y derechos
Los hitos alcanzados por las reivindicaciones y lucha del movimiento feminista han puesto de relieve la incesante labor de las mujeres que han forjado un presente y una sociedad alerta a las desigualdades de género. Sin embargo, la persistencia de tales desigualdades y los desafíos aún pendientes demandan la suma de los varones en la búsqueda de la igualdad.
Es necesario entonces la articulación con otros movimientos y fuerzas sociales, tales como los movimientos por la nueva masculinidad los cuales aspiran a la reducción de la violencia y las brechas de género existentes, buscando así compartir las relaciones de poder –políticas, económicas, sociales y familiares-, las oportunidades, así como las responsabilidades domésticas.
La democracia debe ser ampliada y entendida desde el enfoque de género, abierta al diálogo entre hombres y mujeres, sustentando el reconocimiento equilibrado como hacedores del desarrollo y como premisa para la configuración de relaciones más igualitarias.
Pareciera que estamos frente a un momento oportuno para impulsar esta articulación de esfuerzos que permita la discusión, el debate, la interacción y la formulación de acciones concretas y consistentes destinadas a consolidar la equidad de género y la igualdad de oportunidades en el contexto de un contrato social que plantee una interrelación virtuosa y equitativa entre hombres y mujeres, la corresponsabilidad del Estado y el sector privado.

SEXTO: Democracia de género y responsabilidades sociales por un nuevo pacto local
La democracia de género exige el compromiso de todos los actores sociales para un nuevo pacto local sensible a la igualdad entre hombres y mujeres.
Los gobiernos locales y otras instancias públicas tienen la gran responsabilidad de promover sociedades justas, abrir espacios y oportunidades en condiciones de igualdad, propiciando acciones de protección y desarrollo de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, generando políticas públicas que permitan avanzar en el cumplimiento de los compromisos por la igualdad asumidos a nivel internacional, actualizando y dando coherencia al marco jurídico nacional de modo de garantizar la plena aplicación de dichos compromisos.
Las organizaciones sociales tienen como reto contribuir y velar por el desarrollo de valores democráticos y de igualdad y equidad. El compromiso social por parte del sector privado es fundamental para allanar las desigualdades y discriminaciones por razones de género.
Asimismo es necesario ampliar este pacto por los derechos de las mujeres a los partidos políticos, medios de comunicación e instituciones académicas, en un nuevo contrato social que promueva el empoderamiento femenino con el propósito de alcanzar cuotas equilibradas de participación, reconocimiento y desarrollo. Los órganos legislativos y judiciales deben constituirse, en este sentido, en los garantes del acceso y ejercicio de los derechos humanos, sociales, políticos, económicos y culturales, de mujeres y hombres.
Las acciones deben involucrar también el cambio cultural que implica generar en el ámbito doméstico relaciones más igualitarias y justas, que contribuyan a una distribución equitativa de las responsabilidades familiares, tiendan a la valoración de las tareas domésticas y a la promoción de la paternidad responsable.
Es necesario contar con el compromiso de todos los actores sociales a favor de la igualdad de género a partir de una visión más amplia sobre la participación de hombres y mujeres en el desarrollo, lo que sin dudas contribuiría a fortalecer una mayor cohesión social.

SÉPTIMO: Incorporar la transversalidad de género en el diseño, planificación y ejecución de todas las políticas públicas
El desarrollo no puede ser entendido si la mitad de las poblaciones no accede de manera equitativa a los beneficios que reporta, y, en este sentido, el enfoque de género supondrá impactos efectivos en la medida que sea transversal a todas las políticas públicas.
Es necesario subrayar la importancia de transformar los procesos políticos e institucionales para que sean realmente propulsores de la igualdad de género en todas las instancias del diseño y ejecución de las políticas públicas, a la luz de un enfoque holístico del desarrollo humano.
En este sentido el presupuesto público es una herramienta de democratización y deberían incluir la perspectiva de género para una mejor re distribución del gasto público disminuyendo así las desigualdades en relación a hombres y mujeres.

CIUDADANÍA PLENA Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA COMO METAS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD

OCTAVO: Promover el ejercicio pleno de la ciudadanía femenina como premisa para la profundización de la democracia
Las ciudades suponen para millones de mujeres tanto una promesa de mejorar su calidad de vida como un desafío para el ejercicio de sus derechos ciudadanos, restringidos la mas de las veces por la segregación social que las destina al ámbito privado y la infravaloración del rol de las mujeres en el desarrollo y la invisibilizacion de sus aportes económicos tanto en la esfera privada, como en la contribución comunitaria y en general a la sociedad.
Promover la integración de las mujeres en los procesos de desarrollo es central para asegurar el ejercicio pleno de la ciudadanía y el avance de las democracias.
Los gobiernos locales son espacios institucionales propicios para garantizar los mecanismos así como procedimientos que permitan la participación efectiva y equilibrada de mujeres y hombres en las decisiones que impactan su calidad de vida cotidiana y que permitan el control de gestión como premisa para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la cohesión social.

NOVENO: Eliminar las barreras que obstaculizan la incorporación y permanencia de las mujeres en el poder local
La evidencia empírica en la distribución de la representación política en el nivel local hace visible la falta de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Las múltiples barreras personales y estructurales que las mujeres enfrentan –determinadas principalmente por la división sexual del trabajo- así como culturales y de la tradición política, suponen su subrepresentación en la esfera política. Solo ocupan el cargo de Alcaldesas en la región un 8,5% de mujeres (dato del Observatorio de Igualdad de Género, CEPAL); el país que ha alcanzado la mayor proporción de alcaldesas es Uruguay con un 26% en las primeras y recientes elecciones municipales, siguiendo Venezuela con 18,2% de alcaldesas. Si bien es alentador el incremento de mujeres concejalas o regidoras, el promedio en la Región es de 22.2% (dato del mismo Observatorio), siendo Costa Rica el país que mayor proporción ha alcanzado: 48%.
Partidos políticos y gobiernos locales deben asumir como reto un mayor empoderamiento femenino, contribuyendo al allanamiento de las desigualdades de género que a partir del ámbito privado limitan las posibilidades de participar activamente en la arena política, facilitando mecanismos de capacitación para el liderazgo, velando por el cumplimiento y efectividad de los sistemas de cuotas, propiciando la dirigencia femenina en las élites
partidistas, evitando la transferencia de los estereotipos de género a la función pública, penalizando toda forma de acoso y violencia política en razón de género, entre otras medidas que tiendan a facilitar el equilibrio representativo en el poder local.

DÉCIMO: Promover la institucionalidad de género en las agendas locales
El logro de la equidad de género será factible en la medida en que las instituciones públicas, y en este caso los gobiernos locales, asuman el compromiso por velar y garantizar los derechos de mujeres y hombres. Compromiso que será efectivo en tanto se constituyan mecanismos de género interdisciplinarios, jerarquizados políticamente y con presupuestos suficientes para desarrollar acciones encaminadas a incidir en las diferentes estructuras de gobierno para generar la toma de decisiones políticas con criterios de igualdad, y así por fin corregir las injusticias que afectan a niñas y mujeres en particular.
En este sentido, es importante reconocer la incansable e importante labor que desarrollan las diversas redes de mujeres que a nivel comunitario, a nivel regional e internacional, velan por la protección de los derechos de las mujeres y la incorporación del enfoque de género en todas las políticas públicas.

UNDÉCIMO: Promover la construcción social de la paridad entre mujeres y hombres
La CEPAL (2007:4) advierte: “La paridad, más que un concepto cuantitativo, es la expresión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar”.
La participación equilibrada de mujeres y hombres en el mercado laboral es un tema clave, tanto para el empoderamiento económico de las mujeres y su autonomía, como así también para el desarrollo de los pueblos y naciones. Por otro lado, es menester el reconocimiento social y la visibilidad económica de la producción de bienes y servicios que la mayoría de las mujeres realiza en el ámbito doméstico y en las comunidades de manera gratuita.
La dicotomía entre lo femenino y lo masculino, lo público y lo privado, el aporte productivo y el reproductivo, nos emplaza como ciudadanos y ciudadanas a un ineludible contrato social en el que las interrelaciones entre una frontera y otra sean compartidas de manera equitativa entre hombres y mujeres.

DECLARACIÓN FINAL
Por lo expuesto, animamos a los gobiernos locales a que impulsen una construcción social equitativa y de políticas de igualdad en las ciudades, concordante con las propuestas contenidas en esta DECLARACIÓN DE CÓRDOBA, incorporando las mismas en una Agenda por la Equidad. Asimismo invitamos a la sociedad civil a continuar involucrándose en esta misión de propiciar ciudades y comunidades en las que convivan mujeres y hombres, complementándose desde las diferencias y avanzando así en la construcción de una efectiva democracia local. Será a partir de esta construcción social y pacto local que se podrá alcanzar una mayor equidad de género, la cual es inherente a una lucha eficaz y eficiente contra la pobreza y el desarrollo de sociedades inclusivas.
A su vez, y para dar continuidad a los debates y consensos alcanzados en esta Cumbre, las autoridades locales presentes, las representantes de distintas redes y articulaciones municipalistas y vecinalistas, las redes de mujeres y feministas, así como la UIM y el Gobierno de la Provincia de Córdoba como convocantes a esta Cumbre, proponen la creación de un espacio iberoamericano que congregue bianualmente a representantes de gobierno, asociaciones con trayectoria y trabajo a favor de las políticas de género en los municipios, alcaldías para la transferencia de conocimiento práctico a través de las diversas experiencias, y para la definición de consensos y desarrollo de agendas locales de género a nivel regional.



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